Juristas Contra el Ruido

Dejan sin sus perros a una mujer porque no dejaban de ladrar (2)

No es desde luego lo más frecuente. Lo habitual en los pleitos por ruidos es que sean bares o empresas los denunciados por contaminación acústica. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid ha condenado a la propietaria de una casa de la urbanización El Peral «a retirar de modo inmediato todos los perros que posee en la vivienda, sin que pueda volver a tenerlos en lo sucesivo». Asimismo ha ordenado que indemnice a los demandantes con un total de 7.500 euros.

Ruidos, los de los ladridos de los perros. A todas horas, incluidas las noches. Durante años, hay denuncias desde 2012. Y sin poner remedio eficaz pese a las varias advertencias. La demanda la interpusieron dos familias diferentes –una con dos hijos mayores y la otra, con cuatro menores de edad– vecinas cercanas al inmueble en la calle Ciruelo en el que durante estos años han vivido –ha ido variando– cuatro, cinco y hasta siete perros. Recoge el texto judicial como hechos probados que «esos perros ladran de forma continua, provocando constantes molestias en toda la urbanización de día de y noche, especialmente perceptibles en la época estival y, por razón de proximidad, en las viviendas contiguas que ocupan los demandantes. Ante las reiteradas molestias que impedían conciliar el sueño, y la pasividad de la demandada, se plantearon quejas en las juntas generales de propietarios de esa urbanización en los años 2012, 2013 y 2014, sin que se haya adoptado ningún tipo de iniciativa para solucionarlo».

LA RESOLUCIÓN

Condena

Retirar de modo inmediato todos los perros que posee en la vivienda, sin que pueda volver a tenerlos en lo sucesivo e indemnización de 7.500 euros.

Antecedentes Protestas y advertencias desde 2012 a través comunidad propietarios y policía.

Decisión El juez estimó la demanda de forma parcial y reduce la reclamación de indemnización de los 34.500 euros a los 7.500.

Los afectados presentaron además diversas quejas ante la Policía Local y el Ayuntamiento –octubre y diciembre de 2014 y febrero de 2015– que dieron lugar a visitas de técnicos municipales que constataron la presencia de los canes. No se logró solucionar el problema. Ante la continuidad de los ladridos que les impedían conciliar el sueño e, incluso, la falta de descanso y tranquilidad provocó algunos problemas de ansiedad, procedieron a encargar un informe pericial que constató en mediciones –los días 19 y 24 de enero de 2015 y entre las 6:30 y las 7:00 horas de la madrugada y entre las 8:45 y 9:10 de la mañana– unos niveles de ruido «muy superiores a los límites reglamentarios permitidos».

Este testimonio llegó a indicar que ese nivel «era cien veces superior a lo permitido» y que, además, «no se trataba de un ruido sordo y constante, sino muy agudo e intermitente, lo que lo hacía aún más molesto e irritante». Esta situación provocaba además una mala relación con la propietaria de los perros. Recibía llamadas al timbre o el lanzamiento de objetos al jardín para azuzar a los animales.

La imposibilidad de arreglar la situación a través de la comunidad de propietarios y de las denuncias a la policía y los trastornos en el descanso y calidad de vida, llevó a presentar la demanda judicial. En su defensa, la demandada negó haber tenido un criadero de perros y declaró que tenía cuatro de pequeño tamaño «que le hacían compañía y presentaba en exhibiciones, los cuales estaban perfectamente amaestrados». Asimismo, señaló que «en muchas otras viviendas de la urbanización había perros que también ladraban». En cuanto a los suyos, manifestó en el proceso judicial «que estaban siendo constantemente azuzados por los niños de esa urbanización, llamando al timbre, arrojando objetos a su jardín, lo que estresaba a los perros» y a ella misma, que «sufría una persecución por parte de los vecinos». En cuanto a las denuncias formuladas, señaló en el escrito de contestación a la demanda «que se constató que los perros no ladraban y que estaban perfectamente acomodados en la vivienda». Además , cuestionó la objetividad del informe pericial de medición de ruidos y negó la existencia de los perjuicios reclamados. Sin embargo, el juzgado consideró que había numerosas pruebas que avalaban la demanda.

Derechos fundamentales

El letrado que defendió la demanda, Agustín Bocos, destaca que «lo importante y novedoso de la sentencia es la vinculación que hace entre las molestias por los ladridos y la violación de derechos fundamentales. Tenemos ya en España, desde hace años, numerosas sentencias que hacen esa vinculación respecto a ruidos industriales y de las llamadas ‘zonas de movida’ pero los ladridos de perros eran hasta ahora una cuestión menor, que se podía resolver con las normas comunes de convivencia». En este caso, añade el abogado, «hemos acreditado una situación insostenible, con imposibilidad de descansar o de estudiar y, en estas situaciones, la consecuencia jurídica no debe ser una sanción económica o indemnización sino el restablecimiento de la convivencia y esto solo se puede conseguir con la retirada de los perros». Por cierto, añade «los demandantes son grandes amantes de los animales y también tienen perros en sus viviendas.

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