Juristas Contra el Ruido

Unión de vecinos contra el ruido

Participantes en el coloquio que tuvo lugar al finalizar la jornada. CARMEN PI :: diariodeibiza.es

«El aspecto social es muy importante y mueve montañas», afirma Agustín Bocos, abogado especialista en contaminación acústica

El ayuntamiento de Sant Antoni, en colaboración con el Club Diario, organizó ayer una serie de ponencias en base a una temática común: la contaminación acústica, un problema que afecta a muchos ciudadanos de la isla. Cinco especialistas en medio ambiente, entre los que se encontraba en técnico de Sant Antoni, Diego Ponce, compartieron conocimientos y opiniones para tratar de frenar este abuso.

«La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que [...] sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Así, con la lectura del artículo 7.2 del Código Civil referente al abuso de derecho, inició su participación en el coloquio sobre contaminación acústica  Emilia de la Serna, coordinadora de una Plataforma por el Descanso en Sevilla y coautora del libro 'El ruido en las ciudades'.

La tertulia tuvo lugar ayer en el Centro Cultural de Sant Antoni, en el marco de la Jornada de Gestión de la Contaminación Acústica, organizada por el Ayuntamiento del municipio en colaboración con el Club Diario.

La participante, con 20 años de trabajo protegiendo y dando voz a los afectados por la contaminación acústica a través de asociaciones civiles, prosiguió su intervención mencionando algunos de los efectos nocivos que el ruido causa en la salud y la calidad de vida, como hiciera previamente y de manera detallada Jesús María Calvo, presidente de la Federación de Asociaciones para el Respeto Social y Urbano de Castilla y León, durante su ponencia 'El ruido. La salud y el bienestar'. Problemas auditivos como hipoacusia o pérdida de audición (sordera), así como no auditivos como hipertensión, ansiedad, depresión, fallos cardiacos, tensión alta o ictus, lo que puede derivar en absentismo laboral o escolar, son tan solo algunas de estas repercusiones.

«Se nos ha vendido que tenemos que soportar que este veneno tóxico (el ruido), tan perjudicial para nuestro día a día, entre en nuestros hogares y en nuestras vidas. Sin embargo, son los ayuntamientos los que tienen que actuar y disponer de herramientas y medios para frenar este abuso», afirmó De la Serna.

Informe policial exhaustivo


Que la policía realice un informe exhaustivo de la situación cuando acuda a algún local denunciado por ruido y describa la realidad que se encuentra: número de personas en el interior y fuera del local, licencia vigente etc., así como facilitar a la institución toda la información que se posea como ciudadano del municipio, colaborando en cualquier tarea que se precise para alcanzar una regulación que permita regular esta problemática, son algunas de las medidas que propone la también afectada. «Hay que unirse. Crear una asociación de vecinos afectados por el ruido y comenzar a lucha por vuestra cuenta. Si el ayuntamiento os apoya, las medidas reguladoras se podrán poner en práctica mucho antes trabajando en conjunto», aseguró De la Serna.

A continuación, Agustín Bocos, abogado especialista en contaminación acústica, prosiguió en la misma dirección asegurando que «el aspecto social es muy importante y mueve montañas», ya que cuando una persona no tiene más remedio que acudir a la Justicia y contactar con un abogado es porque «tiene una situación desesperada y realmente nadie, menos otros afectados, saben la verdadera tortura que está sufriendo». Por ese motivo, animó a «reunirse y presionar entre el grupo de afectados».


Un elevado coste


Tiempo, y dinero. Dos requisitos necesarios para acudir a la Justicia que, lamentablemente, no todo el mundo se puede permitir. Al preguntarle sobre el presupuesto para iniciar un recurso de esta magnitud, el abogado respondió que «no existe una normativa que regule la retribución a percibir. Depende del acuerdo al que se llegue con el cliente. Lo mejor es adaptarse a las circunstancias de las personas».

Yamara García, presidenta de Juristas Contra el Ruido, aprovechó su intervención para asegurar que «a veces con un poco de consenso y educación se resuelven las cosas más rápido que recurriendo a la administración y a los tribunales». «De esta manera», prosigue, «el afectado no solamente padece el suplicio del ruido durante meses o años, sino que además tiene que lidiar con el vía crucis y los gastos de la administración», aseguró. Por ello, aprovechó su turno para aconsejar «que se doten de medios desde las administraciones locales a las fuerzas de seguridad y a la administración sanitaria, y se creen puestos con personas expertas en el tema. Así, se dejará de extender el estereotipo de que la persona que denuncia es ' un o una histérica o quejica'».

Alberto Hernández, ingeniero especializado en mediciones y estudios acústicos, habló sobre las medidas técnicas que se deben llevan a cado para realizar las mediciones pertinentes y poder cuantificar cuáles son los baremos de exposición al ruido de los ciudadanos. «Debe existir una coordinación entre las actividades de las empresas y un derecho tan básico como es el del descanso. Hay que cumplir con una serie de cuestiones técnicas, establecer valores límite de emisión de ruido, aislamientos requeridos y llegar a una posible convivencia entre ambas partes».

En este sentido, Diego Ponce, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, abogó por un consenso entre administraciones y ciudadanía para atajar este problema y regularlo de la mejor manera posible sirviéndose de las herramientas disponibles. Durante su ponencia previa, el técnico enumeró las mejoras llevadas a cabo por el municipio, como la creación de la zona libre de ruido, así como la compra del dodecaedro omnidireccional, aparato para medir con precisión los decibelios que podrá utilizarse en un corto periodo. También destacó la existencia de un proyecto para proceder a instalar un sistema de medidores en tiempo real al que toda la ciudadanía podría acceder virtualmente.

Fuente: diariodeibiza.es

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