«No son delincuentes y se les trata como si lo fueran, a más de uno le va a dejar tocado», dicen sus abogados. El Gobierno tiene todavía que decidir si el resto de los condenados ha de cumplir también la pena de prisión
Sopresa y desazón entre los hosteleros de La Madrila condenados por el caso de los ruidos. Se muestran hundidos tras conocer que el Gobierno central ha decidido denegar el indulto a dos de ellos, los que gestionaban Down y La Belle. El Ejecutivo, a través de Ministerio de Justicia, tiene ahora que resolver las peticiones del resto de los empresarios. Se espera que todas vayan en el mismo sentido, por lo que los once (además de los gestores de Down y La Belle, los de Maquiavello, Latino’s, Barroco, Sugar, Submarino, La Cuerda y Tacones) deberán finalmente ingresar en prisión. En este caso fueron condenados también a penas de cárcel la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado. En cambio, al ser sus condenas menores a dos años (un año y nueve meses), no deben entrar en prisión.
Los hosteleros, en cambio, fueron condenados por la Audiencia Provincial a dos años y tres meses (salvo uno que deberá cumplir dos años y nueve meses). Deberán estar como mínimo entre cinco y siete meses en un centro penitenciario hasta lograr el tercer grado. «Son gente normal y trabajadora pero se les trata como delincuentes. A más de uno esta situación le va a pasar factura», aseguran los abogados consultados ayer por este diario.
El Ejecutivo resolvió de forma negativa los indultos en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto, aunque hasta esta semana no se le ha norificado a las partes. Solo uno de ellos, el gestor de La Belle, ha recibido además la orden de ingreso en prisión, para la que se le concede un plazo de diez días para presentarse en el centro penitenciario de Cáceres. Cabe recordar que los indultos se han resuelto con bastante diligencia (en menos de ocho meses) y por un Gobierno todavía en funciones.
COMPAÑEROS DEL SECTOR
El sector de la hostelería no se explica cómo ha podido llegarse a este punto. En realidad los condenados habían solicitado un indulto parcial para lograr rebajar su pena tres meses. De esta forma, si la condena se quedaba en dos años de cárcel, podían eludir entrar finalmente en prisión (siempre y cuando la titular del juzgado lo aceptara). La mayoría se pregunta qué se conseguirá con ello puesto que, aseguran, el problema no se ha solucionado y los ruidos continúan en esta zona de copas. Además todos los condenados (salvo uno) han satisfecho ya las indemnizaciones a los vecinos afectados. Su entrada en prisión, insisten, no va a cambiar nada.
Una vez ingresen en la cárcel, como a cualquier condenado, se les llevará a cabo una evaluación inicial para decidir en qué módulo se alojarán. Lo lógico es que, por el tipo de delito y al no tener antecedentes, se les clasifique como segundo o tercer grado. Según esto se les ubicaría en módulos de respeto, donde cumplen condena presos que no son peligrosos y que no han cometido delitos graves o de sangre. Podrán estar todos juntos aunque compartirán duchas y cuartos de baño con el resto de los reos.
Tendrán, como los demás presos internos, un régimen estricto de visitas. Los familiares podrán acudir al centro penitenciario solo los viernes, sábados y domingos pero siempre tras haber solicitado una cita de visita y que esta se les haya concedido. En este caso solo podrán verlos y hablar con ellos a través de un cristal. Y una vez al mes se les permite hacer uso de un vis a vis, para poder reunirse en una dependencia con su familia. Tendrán restringidas también las llamadas telefónicas.
