La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, remarca la “desesperación” de quienes acuden a ella
La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, en una imagen de archivo.
G. Bosch
Detalló que “cerca del 40% de los expedientes tienen el ruido como factor común, un problema creciente” que “preocupa” a esta oficina municipal debido a su “grave afección en la calidad de vida y la salud, muy relacionadas con los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al descanso y la integridad física, recogidos en la Constitución”. Por este motivo, la Defensora inició un expediente de oficio de carácter general sobre la contaminación acústica en la capital balear.
En el pleno extraordinario que se celebró este miércoles para presentar la memoria, recordó al equipo de gobierno y a la oposición que “en el tema del ruido, todos tenemos un papel que jugar”, y apeló a la máxima de que “o somos parte de la solución o parte del problema”. Como los orígenes del ruido son muy diversos (tráfico, obras, negocios, ocupación abusiva de la vía pública, músicos en la calle, animales, recogida de residuos…), la institución liderada por Anna Moilanen impulsó un proyecto piloto “innovador” para estudiar “todos los factores que inciden sobre el ruido y con un carácter proactivo y pedagógico”.
El segundo problema que más ha llegado a la oficina situada en la plaza Porta del Camp 2 es todo lo relacionado con el urbanismo, ya que de los 300 expedientes con los que trabajaron en 2018, el 26% eran cuestiones relativas a ello, incluyendo obras y licencias de actividades. En otro 18% de casos, “se implicaba a la Policía Local, pero no por ser los responsables de la reclamación, sino por ser testigos de los hechos reclamados, como por ejemplo cualquier incidente por molestias vecinales”, matizó.
También hubo muchas quejas por los “puntos negros” de trastos que había en Palma en 2018. Un 21% de este tipo de residuos no se recogió mediante los servicios programados, por el “incivismo” de la población, “a pesar de las importantes mejoras en recursos técnicos”. Por ello, la Defensora de la Ciudadanía recomendó en su momento a la empresa municipal Emaya que hiciese algo y esta “respondió puntualmente, reconociendo sus limitaciones y la falta de medios para dar respuesta efectiva en todos los casos”.
Un último tema que destacó fue la complejidad de la gestión de espacios privados de acceso público, como en Camp Redó, Verge de Lluc, s’Escorxador, las galerías comerciales, etc.
Burocracia y falta de medios
“La inmensa burocratización, sumada a la falta de medios, paraliza las áreas municipales”, como reprochó la Defensora de la Ciudadanía al alcalde y concejales presentes este miércoles. Criticó que las concejalías están “sometidas a una lentísima tramitación” y “ven cómo se repiten las situaciones”, por lo que al final “se vuelve al punto de partida”, lo que “conduce a la impunidad de quienes vulneran la normativa y causan desesperación en los que la cumplen”.
En otras ocasiones, el problema es que “existen contradicciones” en lo que afirman diferentes áreas y muchas veces la oficina se topa con “casos en los que se justifica el bloqueo por la falta de competencias o de coordinación”. Afirmó que es “incomprensible” para el ciudadano y exigió a los responsables que lo solventen. Cort se debería entender “como un todo indisoluble”. No necesita “20 excusas para bloquear un tema”, sino “responder de forma efectiva a la ciudadanía”.
