El exregidor de Montijo es condenado por prevaricación medioambiental y debe pagar una indemnización de 15.000 euros
Alfonso Pantoja Gómez, exalcalde de Montijo (15.600 vecinos, Vegas Bajas del Guadiana), es inhabilitado para ejercer cargo público durante 2 años y 8 meses y debe pagar una indemnización de 15.000 euros a vecinos que denunciaron a varios locales de hostelería. Es condenado por un delito de prevaricación medioambiental. También debe hacer frente a las costas procesales. La condena llega tras pactar Pantoja con la acusación particular y la Fiscalía en un acuerdo de conformidad ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
La sentencia, conocida como la del Caso Pravia (local de copas) le llega cuando está alejado de la actividad política, que abandonó el año pasado. Fue primer edil montijano entre 2007 y 2015, además de gerente del Sexpe y secretario general de la Fempex. Estos dos últimos cargos los compatibilizó con el de alcalde entre 2011 y 2015. Pantoja tuvo un papel notable en el pacto que alcanzaron PP e IU para la abstención de la coalición y que posibilitó la llegada de José Antonio Monago a la presidencia de la Junta.
Fue en esa etapa, como contó HOY el 13 de julio pasado, cuando se sitúa el origen del caso que ha terminado con una condena por no hacer frente con diligencia a múltiples denuncias. En julio de 2011 se solicitó al Ayuntamiento la licencia de apertura del Pravia como café-bar de tapas frías. En agosto, la Policía Local presentó una denuncia por obras en el local sin licencia, un aviso que se reiteró semanas después. La Secretaría del Consistorio recomendó al alcalde la incoación de un expediente sancionador. Nunca llegó a plantearse.
El establecimiento entró en funcionamiento en septiembre con una autorización provisional aunque sin que constara permiso para poner veladores en la calle. Los vecinos se opusieron, alegando que se producían aglomeraciones de clientes que impedían el acceso a casas y garajes y generaban ruidos continuos.
Desde ese momento se presentaron las primeras denuncias contra el establecimiento por la invasión de la vía pública, así como escritos al Ayuntamiento y cartas dirigidas al regidor. Según la Fiscalía, Pantoja era conocedor de la situación: los afectados lo identifican entre las aglomeraciones como uno de los clientes del bar.
Tras la concesión de la licencia en abril de 2012, y hasta su cese como alcalde, se presentaron otras nueve denuncias y siete escritos al Ayuntamiento o al primer edil, así como continuas llamadas a la Policía Local.
Aglomeraciones y música
Los vecinos protestaron por los ruidos generados por la aglomeración de clientes, descarga de bebidas, organización de conciertos en directo, eventos culinarios en el exterior y música tanto en los locales como de equipos instalados en la calle, en ocasiones hasta las 5.30 de la madrugada. Ninguno de los establecimientos tenía permiso para equipos de reproducción sonora.
Entre julio de 2012 y enero de 2014 la Policía Local remitió a Pantoja siete informes en los que se ponía de manifiesto el incumplimiento de la normativa sobre veladores y la utilización de aparatos de música. La Dirección General de Administración Local de la Junta (entonces en manos del PP) pidió al Ayuntamiento en julio de 2012 que tomara medidas.
Al final solo se abrieron dos expedientes contra el Pravia y cuatro respecto al Morocco Centro. Pero, como se referían en su mayor parte a infracciones de carácter leve, terminaron prescribiendo por falta de impulso.
La acusación particular, representada por Eugenio Cuadrado, de Qualit Abogados, y la Fiscalía consideraron responsable al alcalde. El fiscal pidió dos años de cárcel por un delito de prevaricación medioambiental y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público. Al final, tras un acuerdo con Pantoja, no hay pena de prisión y la condena es de 2 años y 8 meses de inhabilitación y 15.000 euros de indemnización.
