Se trata de los propietarios de La Belle y la Down. Falta por resolverse el resto. Tienen un plazo de diez días para entrar voluntariamente en la cárcel
El Gobierno central ha denegado el indulto a dos de los hosteleros condenados por el caso de los ruidos de La Madrila. Se trata de los propietarios de La Belle y de la Down. Ambos, sin antecedentes penales, han recibido ya una notificación del juzgado en la que se ordena la ejecución de sentencia y se les informa de que cuentan con un plazo de diez días para entrar voluntariamente en la cárcel; de lo contrario se pondría en marcha una orden de busca y captura.
El Ejecutivo estudió la petición de ambos indultos a finales de verano, pero hasta ayer los hosteleros no han recibido notificación alguna. Todavía faltan por resolverse los indultos del resto de los condenados (además de estos dos los de Machiavello, Sugar, Submarino, La Cuerda, Barroco, Latinos y Tacones), aunque se espera que todos reciban la misma resolución al encontrarse en la misma situación que los dos primeros.
La denegación del indulto se basa en los informes tanto de la Fiscalía como del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, que los condenó. Ambos, junto a la acusación particular que representa a los vecinos afectados, eran contrarios a que se les concediera el indulto y partidarios de que cumplieran la condena. En cambio tanto el Ministerio Público como el juzgado sí permitieron a los hosteleros permanecer en libertad hasta que se resolvieran los indultos.
La resolución se ha llevado a cabo más rápido de lo previsto. Las previsiones que manejaban los abogados defensores era que se tardara al menos un año, pero no han pasado ni nueve meses desde que se presentaran. Se cree que primero se han estudiado estos dos porque se tramitaron a través de la Subdelegación del Gobierno, una vía más rápida. El resto se realizó a través del juzgado.
Cabe recordar que diez de los once hosteleros fueron condenados a dos años y tres meses de prisión y otro a dos años y nueve meses. Según las previsiones deberán permanecer entre cinco y siete meses en el centro penitenciario de Cáceres antes de poder obtener el tercer grado. Se trata de un fallo judicial histórico. Por primera vez empresarios de la noche pagarán con su entrada en prisión los males que han padecido los vecinos por los ruidos generados durante años. Ya han pagado las indemnizaciones, también históricas.
