Expone las opciones legales para denunciar los ruidos en Sevilla

Señala que la solución al ruido que generan los veladores y terrazas a los vecinos es, o un control horario severo, o no autorizar estos negocios, si afecta a vecinos

Joaquín José Herrera, uno de los mayores expertos en el lastre que supone para los ciudadanos la cuestión del ruido, desgrana la situación actual en Sevilla y las vías judiciales para denunciarlo.

El problema del ruido en Sevilla ha empeorado en los últimos años ¿por qué razón?

El ruido, no es solo, como decía Arthur Schopenhauer, la más impertinente de las perturbaciones; el ruido afecta seria y gravemente a la salud. Desde Juristas contra el ruido estamos de acuerdo en que ha empeorado. El problema del ruido se ha incrementado seriamente en Sevilla; y con la llegada del buen tiempo, se va a convertir en verdadero terrorismo y violencia acústica.

“PARA EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA EL RUIDO NO EXISTE. LO QUE NO SE COMPRUEBA, NO EXISTE”

Primero, un Ayuntamiento, que ni siquiera comprueba ni mide el ruido desde hace más de 10 años. Por tanto, para el Ayuntamiento el ruido no existe. Lo que no se comprueba, no existe. Lo que sí existe, es una grave falta de humanidad y sensibilidad del Ayuntamiento para empatizar con los vecinos en esta materia.Segundo, una situación económica grave y cuando esto ocurre nos olvidamos de la Constitución y de los derechos fundamentales y el que contamina manda y hace las normas. Frente al dilema economía-medio ambiente gana la economía.

Tercero, salimos de una pandemia, en la que por razones justificadas se ha dejado utilizar zonas comunes para veladores y terrazas anexas con viviendas que resultan enormemente contaminantes. Esto no ha tenido vuelta atrás y lo que se da no se quita. Tremendo error. La vía pública es de todos.

Cuarto, por la falta de transparencia e información del Ayuntamiento de Sevilla en materia de contaminación acústica, ya que la participación y colaboración con los vecinos es inexistente. Y existe un muro, mal fundado, en la ley de protección de datos o información empresarial o industrial (presuntamente confidencial), pero que deja de serlo al afectar a la salud y libertad de las personas. Revirtiendo principios constitucionales.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) en Sevilla no se aplica. Y el que contamina cobra y toma el dinero y corre.

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