La contaminación acústica procedente de carreteras, aeropuertos y ferrocarriles es un problema que los ciudadanos plantean de manera constante. El motivo suele ser la falta de adopción por parte de las Administraciones de medidas correctoras del ruido que soportan en sus viviendas o la insuficiencia de las aplicadas.

Entre los motivos que las Administraciones exponen para justificar la demora está la falta de aprobación de los mapas estratégicos de ruido o de los planes de acción. Mientras dichos instrumentos se aprueban, la Administración debe adoptar medidas provisionales para cumplir los niveles de ruido exigidos por las normas, los ciudadanos no tienen que soportarlos cuando constituyan peligro grave para su salud; en otros casos, los mapas de ruido existentes se revisan sin que se hayan implantado las medidas previstas, a pesar de que han podido transcurrir muchos años desde que la infraestructura entró en funcionamiento.

Las Administraciones también invocan que las viviendas se han construido con posterioridad a la infraestructura. Sin embargo, resulta irrelevante que las viviendas se construyan antes o después que la infraestructura: ésta es la que debe adaptase a la nueva situación pues es la que genera contaminación y los particulares han adquirido sus viviendas legalmente. Prevenir la contaminación acústica y asegurar que se respetan los derechos a un medio ambiente adecuado a la salud, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, es una cuestión que requiere una correcta planificación urbanística y, por tanto, la coordinación entre las Administraciones responsables de las infraestructuras de transporte y los ayuntamientos.

El coste económico de las medidas preventivas y correctoras del ruido debe estar previsto en los proyectos de infraestructura y deben reservarse los recursos presupuestarios para su ejecución. Cuando la Administración carece de presupuesto, se sugiere que adopte medidas provisionales de menor coste hasta que puedan acometerse las previstas.