Es una “tortura” añadida a la “preocupación y desasosiego que vivimos”. Los ruidos pueden afectar al derecho al trabajo y a los alumnos que estudian en casa.
La asociación Juristas contra el Ruido denuncia que, con motivo del confinamiento domiciliario por la alarma por coronavirus, algunos ciudadanos “se están viendo expuestos a una agresión acústica grave”, que se convierte para ellos en una “tortura añadida a la situación de preocupación y desasosiego que estamos viviendo”.
Se refieren a “actividades vecinales insolidarias y oportunistas, realizadas por algunos vecinos o titulares de locales colindantes” que, aprovechando la situación, realizan obras en sus hogares o locales de negocio, algunos incluso sin licencia, lo cual puede acarrear consecuencias legales graves”.
También han detectado “comportamientos vecinales incívicos, tales como ruidos de electrodomésticos a horas indebidas, música y televisión a un volumen inadecuado, bricolaje, fiestas improvisadas o actividades deportivas ruidosas en las viviendas”.
La asociación, que aglutina a profesionales del Derecho, ha tenido noticia de estos problemas de ruido “que agravan la situación de confinamiento” a través de las consultas y peticiones de auxilio que reciben estos días.
Los ruidos que vulneran los parámetros acústicos fijados por la normativa administrativa causan a los vecinos -muchos de ellos mayores y enfermos- unas molestias y efectos muy importantes, según los expertos en contaminación acústica. La situación se agrava cuando esa exposición se puede prolongar durante días o semanas, como en la actual situación de confinamiento.
No solo se ven afectados los derechos humanos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal y a la salud, sino otros “no menos importantes como el medio ambiente adecuado y el trabajo”.
Recuerdan, en ese sentido, que en el actual estado de alarma muchas viviendas se han convertido en centros de trabajo gracias a las nuevas tecnologías “y el lugar en el que nuestros menores y jóvenes deben concentrarse para seguir con sus estudios”.
De ser clandestinas esas actividades, suponen una “contravención grave de las medidas sanitarias decretadas, por riesgo de infección para los trabajadores que estén realizando, en su caso, la obra”, señala en comunicado.
Y los casos más graves podrían suponer un probable delito contra la salud psíquica de las personas y contra el medio ambiente, a juicio de los expertos, que animan a quienes los padecen a que los denuncien en sus respectivos ayuntamientos.
