El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes -a falta de la ratificación del pleno- la nueva ordenanza de terrazas salvo en lo que afecta a Mesa y López, Las Canteras, Plaza de España y Santa Catalina, que mantienen sus normas específicas de 2012.
La nueva ordenanza de terrazas, que va camino de su ratificación por pleno tras su aprobación este viernes en una comisión extraordinaria y monográfica de Desarrollo Sostenible, regulará la instalación de mesas y sillas en toda la ciudad salvo las de las principales zonas turísticas. Las terrazas de la plaza de España, de la avenida Mesa y López, del parque de Santa Catalina y del paseo de Las Canteras seguirán rigiéndose por las normas específicas que tienen estos lugares desde la ordenanza que ahora se cambia, que data del año 2012.
La solución que adopta la nueva ordenanza, aprobada ayer por el grupo de gobierno con la abstención de los miembros de la oposición, mantiene por tanto el nivel de ocupación máximo de seis metros en plaza de España; cuatro metros en Mesa y López; y ocho metros en el parque de Santa Catalina. En todos estos casos, la superficie se cuenta desde el bordillo. Para el caso de Las Canteras, se permite un máximo de cuatro metros desde las fachadas, y de dos metros desde la barandilla.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, indicó que estas zonas mantendrán su ordenación especial porque han sido tratadas de una u otra forma en los últimos años, desde la posibilidad de instalar mamparas contra el viento en algunas zonas de Las Canteras, hasta la unificación estética emprendida en Santa Catalina.
El letrado asesor considera que no se genera inseguridad jurídica a los empresarios de las zonas turísticas
Aunque ha habido advertencias sobre la posibilidad de generar inseguridad jurídica a las terrazas de estas zonas, por entenderse que la nueva ordenanza debía amparar las distribuciones singulares, el letrado asesor del Ayuntamiento en esta materia determinó que «en ningún caso existe inseguridad jurídica ya que, aunque de otra forma, existe regulación específica de cada una de las zonas señaladas, que continuarían en aplicación hasta, precisamente, la aprobación de las correspondientes distribuciones previas y ordenaciones singulares».
La nueva regulación, que entrará en vigor en torno al mes de octubre, introduce algunos detalles como la obligación de garantizar un espacio entre la fachada y las mesas y sillas que no sea inferior al 50% del ancho total de la acera y, en todo caso, que garantice un paso de 1,8 metros para los viandantes.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, criticó a la oposición por abstenerse en la comisión de Desarrollo Sostenible, a la que habían sido llamados los técnicos municipales para aclarar posibles dudas. «No entendemos su postura porque hemos recogido sus alegaciones», indicó el edil, «han pasado de los técnicos». En su opinión, esta postura solo puede deberse a la «cercanía de las próximas elecciones». De hecho, considera Doreste que la oposición «ha hecho prevalecer el interés partidista sobre el bien de la ciudad».
Nueva sanción
La ordenanza reguladora de terrazas del año 2012 contemplaba la posibilidad de aplicar una suspensión temporal de la autorización de las terrazas en casos excepcionales como festejos, actos públicos o por motivos de seguridad. Sin embargo, ahora, y a propuestas del Partido Popular, la nueva regulación contempla la suspensión como una posible sanción en caso de infracción muy grave y siempre y cuando no procediese la revocación.
De este modo, el artículo que regula las sanciones quedaría del siguiente tenor: «La sanción por comisión de infracciones graves y muy graves podrá llevar aparejada, además de la sanción económica, la reducción de horario, la revocación y/o la suspensión de la autorización, así como la imposibilidad de instalar terraza en cualquier lugar del municipio, durante el plazo de seis meses a tres años».
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, indicó que esta nueva figura sancionadora evitaría tener que aplicar una medida extrema como la de la revocación.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, destacó que «el problema no es la aprobación de la nueva ordenanza sino el hecho de que no se hacen cumplir las normas por parte del Ayuntamiento».
En cuanto al régimen disciplinario, se castiga con multas de 300 a 750 euros las infracciones leves; entre 751 euros y 1.500 euros las infracciones graves; y de 1.501 a 3.000 euros las que se consideren muy graves. Sin perjuicio de ello, se puede exigir al infractor la indemnización de los daños causados.
Fuente: canarias7.es/
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