Es una de las medidas que prevé Raxoi cuando reconduzca el conflicto con los agentes

El ruido nocturno sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para muchos compostelanos del Ensanche y del casco viejo. Sobre todo el que generan las aglomeraciones en las salidas de locales de ocio y las fiestas de los pisos de estudiantes. Hasta doscientos expedientes se abrieron este año en inmuebles ocupados por universitarios. No fueros los únicos, pero sí los que más trabajo dieron a los agentes de la Policía Local. No en vano aglutinaron casi el 93 % de esos expedientes. Los otros 16 tenían detrás causas variadas, desde la actividad de ocio en establecimientos o por ruidos domésticos.

Sin restar trascendencia al problema de convivencia nocturna que siempre ha acompañado al casco histórico, el Ensanche ha concentrado en buena medida esas denuncias. Especialmente en Santiago de Chile, Fernando III O Santo y Frei Rosendo Salvado, en el caso de los pisos. Y en Alfredo Brañas y la zona de Curros Enríquez, por la presencia de sendas discotecas. En este caso, el problema se concentra, especialmente, a las horas de cierre, de madrugada ya, con las aglomeraciones que generan su desalojo.

El ruido de calle es el que más acucia atajar al Ayuntamiento. Es más constante, al margen de que su intensidad varíe en función del clima o de días señalados. El de los pisos también tiene sus picos. Más intenso en el arranque del curso y fechas señaladas, remite en los períodos de exámenes. Con todo, su control es una prioridad para el gobierno local, junto con el de las aglomeraciones en el exterior de los establecimientos de ocio. Y ahí enfocará las primeras medidas para paliar el ruido nocturno una vez que el Concello resuelva el conflicto que arrastra con la Policía Local desde el último tramo del anterior mandato por discrepancias de índole laboral. Esas diferencias han minimizado su presencia en la calle, al negarse a realizar horas extra.

La divergencia parece estar ahora en el reconocimiento de los sábados como jornadas festivas y el concejal del área, Gonzalo Muíños espera una pronta solución. Sin un acuerdo será difícil que el Concello se ponga firme a la hora de aplicar la ordenanza que regula la emisión de ruidos en la ciudad, una normativa muy completa, según el edil, aunque precisa disponer de medios para hacerla cumplir. Porque esa es su receta ante la demanda que el PP formuló en el último pleno para poner orden. Aplicación de la normativa y diseño de un programa que determine y priorice los puntos de atención y la intervención municipal.

Muíños invita a todos los partidos a aportar iniciativas para enriquecer un programa en el que empezarán a trabajar ya, tras las reuniones mantenidas con los vecinos de las zonas más afectadas. La intención es que esté definido para enero y poder empezar a aplicarlo ya, siempre que esté resuelto para entonces el problema laboral con la Policía Local, lo que permitiría disponer de más agentes en la calle. Su presencia «sempre axuda» a moderar el ruido, dice, aunque sin ocultar que «isto será só un parche» en tanto no aumente la plantilla policial.

Y una de las medidas será asegurar esa presencia con más asiduidad en las horas de salida de las discotecas del centro para evitar aglomeraciones y ruido. Ahora solo la hay «cando se pode», y no es mucho. La aplicación de la ordenanza a través de controles aleatorios de decibelios en los locales será otra de las medidas que Raxoi pretende sistematizar, así como ahondar en la prevención con campañas como la «de Fala baixiño que fixera CA».

Se trata, en todo caso, de poner todos los medios disponibles para controlar el ruido sin perder la perspectiva de que «somos unha cidade cunha gran vida diúrna e nocturna», lo que requiere buscar el equilibrio desde «o máximo respecto para as dúas partes».

Una auditoría bianual valorará los resultados y verá la necesidad de cambios

Muíños defiende que con la aplicación de la actual normativa sobre la emisión y recepción de ruidos, Raxoi dispone de un marco normativo adecuado para poner orden en un aspecto que preocupa a ciudadanos y a los partidos políticos. Estos lo evidenciaron en el pleno de esta semana ante la propuesta que llevó el PP para articular medidas concretas, como la de que se haga un mapa de ruidos, se cree un registro de llamadas, se dote a la policía de sonómetros portátiles y se articule un plan específico de inspección y control por parte de la policía y otro desde Urbanismo para certificar con diligencia las declaraciones previas. Pedía también que se haga un seguimiento de las denuncias y que cuando haya un mapa de ruidos se bonifique el IBI a los inmuebles afectados.

La propuesta se aprobó, aunque con abstención de CA y del gobierno, al que el PP no le aceptó una enmienda y que tiene su propia hoja de ruta: la elaboración de ese programa de control y prevención y la elaboración de una auditoría interna bianual que valore resultados y evidencie, si fuese el caso, la revisión de objetivos. Y esa es la ruta que seguirá.