Reunión entre vecionos y locales de ocio para tratar de aclarar los términos en los que va a aplicar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la calle Castaños y adyacentes
LA SEMANA pasada el Ayuntamiento de Alicante decidió abundar en el trampantojo que lleva practicando desde que existe la problemática del ruido en el centro de Alicante y envió una nota en la que convocaba a vecinos y locales de ocio a una reunión para tratar de aclarar los términos en los que va a aplicar una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la calle Castaños y adyacentes. En un principio la idea era liquidar el encuentro de un plumazo, pero los residentes decidieron desmarcarse de la convocatoria conjunta y aseguraron al Gobierno municipal que ellos no tenían nada que hablar con los pubs que les hacen la vida imposible cada fin de semana. Y motivos tienen para ello: en esta historia no hay dos facciones, los actores no son equiparables y no tienen por qué sentarse en la misma mesa. Porque no es lo mismo un residente, que obviamente cumple la legalidad viviendo donde vive, que un local que, por mucho que genere empleos o un determinado impacto económico, está, según dice la Justicia, haciendo negocio mientras vulnera el derecho al descanso de los vecinos y, por lo tanto, su salud.
En este punto me gustaría destacar dos cosas. La primera, que la propia juez dice en la sentencia que, «en la tensión dialéctica medio ambiente-desarrollo económico, debe darse una ponderación de valores en conflicto, en el que el valor o principio del medio ambiente se constituye como un limite legitimo a la actividad económica, en aras a salvaguardar el interés publico general». Y en segundo, que la culpa de que se salten esos límites del ruido no es del empresario, sino de la Administración que se lo permite. Así que aquí no hay dos partes, sino una: los vecinos, a los que una juez acaba de dar al razón. Punto. En un segundo plano estaría el Ayuntamiento, que lleva años ignorando sus quejas mientras vende la moto a los medios de que aquí se ha hecho algo por ellos; el propio fallo dice que en 2018, año en el que ya gobernó el PP durante la mayor parte del tiempo, los límites se superaron «sin que la Administración haya desplegado actividad alguna tendente a paliar los efectos del ruido en los vecinos, pese a los reiterados requerimientos de éstos al efecto».
Equiparar a las víctimas con los pubs forma parte de esa lógica perversa que pretende vender que la culpa de que se haya llegado a esta situación es la falta de acuerdo entre dos bandos en igualdad de condiciones, cuando realmente el problema es de sucesivos gobiernos municipales que no han sabido -o no han querido, aquí cada uno que lo interprete como quiera- hacer cumplir la Ley. De hecho, en el caso de vulneración de derechos fundamentales los locales de ocio ni siquiera estaban personados, por lo que no tienen capacidad para recurrir. Y menos mal, porque el derecho a crear puestos de trabajo no está por encima del derecho a poder dormir por las noches, como dice la magistrada en su auto.
Esto es, con todas las reservas y distancia, algo similar a lo que ocurre en Cataluña: el diálogo solo es posible dentro de la Ley, por lo que dar legitimidad a quien la vulnera de manera sistemática alegando que no existe voluntad de acuerdo entre las partes supone en realidad violentar los derechos de la parte que sí respeta la Constitución. Y sinceramente, no tenía yo al alcalde, Luis Barcala, por una persona que promoviese o aplicase este tipo de tesis antisistema, pero la gestión del día a día a veces lleva a los políticos por extraños derroteros. Como siga así dentro de nada convocará un referéndum para ver qué hace con el tardeo.
