Explican que en los dormitorios midieron hasta 66 decibelios cuando el máximo permitido en horario nocturno son 30
Soportar hasta 66 decibelios en un dormitorio cuando el máximo legal son 30 puede ocasionar problemas de salud. Así lo han defendido esta mañana los peritos que han testificado en el juicio que se sigue contra el Ayuntamiento por los ruidos del ocio nocturno en el entorno de la plaza Mitjana. Tras mostrarse vídeos de la situación que se vive en la plaza, han explicado que el ruido que sufren los vecinos «es constante y muy elevado».
Los peritos contratados por los residentes han aportado mediciones realizadas en dos fines de semana concretos alrededor de la 1 de la mañana y han concluido que el nivel de ruido que llega al interior de las viviendas es mucho más elevado de lo autorizado. En concreto han reflejado que en los dormitorios, que debe ser la parte más protegida de una vivienda, llegaron a medir hasta 66 (frente a los 30 de máxima), mientras que en fachada registraron mediciones de hasta 95 cuando el máximo es 50.
En el juicio que se ha desarrollado en el juzgado de los Contencioso Administrativo número 6 también han comparecido varios testigos que han reseñado los problemas que se producen en la zona para descansar. M. J. T., una vecina de la plaza Mitjana que tuvo que vender su vivienda en 2015, ha explicado que allí es obligatorio dormir con tapones y ha lamentado que las reiteradas denuncias a la Policía Local no surtían el efecto deseado «salvo un par de fines de semana que sí se lo tomaron en serio».
En la misma línea, Ester Ramírez, que fue presidenta de la asociación de vecinos entre 2014 y 2017, ha manifestado que el problema en la plaza se repite desde «bastantes años atrás» y ha detallado que «la plaza es un habitáculo que se utiliza para beber» y en donde los negocios «son expendedores de bebidas».
Como ha adelantado este periódico, este juicio se produce después de que cinco vecinos hayan denunciado al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundantales y exijan que se solucionen los problemas en el entorno. Además reclaman un total de 537.000 euros en concepto de daños morales.
Consultada por este periódico, la concejala del área de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, ha preferido no hacer valoraciones hasta no se resuelva el asunto. Sólo ha explicado que ellos han aportado todas la documentación que tienen en su poder y que demuestra que el Ayuntamiento no se ha mantenido inactivo durante todo este tiempo.
