Madrid opta por la vía penal para cerrar locales de ocio que infrinjan reiteradamente las normas

Recurrirá al delito de insolvencia punible para intentar que las denuncias de los vecinos tengan solución

Cansados de una situación que se repite muy a menudo en la ciudad, la de aquellos locales que, pese a las reiteradas quejas y denuncias de los vecinos por exceso de ruido o de aforo y de las sucesivas multas que les llegan no cesan su actividad ni dejan de incumplir las normas, el Ayuntamiento ha decidido cambiar de estrategia para intentar acabar con este problema. Tal y como ha explicado la portavoz municipal Rita Maestre, el equipo de Ahora Madrid ha aprobado en Junta de Gobierno “salir de la vía administrativa en estos procedimientos para entrar en la vía penal” a la que pueden recurrir por “un delito de insolvencia punible”.

Maestre ha explicado que esta nueva forma de actuar es “fruto de una reflexión de mucho tiempo” y se trata de mejorar la eficacia de una parte de los procedimientos sancionadores del Consistorio. “Existen muchos locales en Madrid que tienen denuncias, multas, sanciones, quejas, avisos de cierre… pero debido a diversas tretas administrativas y jurídicas no llegan nunca a cerrar”, ha recalcado la portavoz, que añade que esto “significa que los vecinos han estado años quejándose por exceso de ruido o por problemas de convivencia pero no se ha hace nada al respecto”. Por eso, el Gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha decidido aprobar “el inicio de acciones judiciales”.

A partir de ahora, este tipo de procesos enquistados en los que se encuentran varios locales de la capital se van a comunicar a la Fiscalía y “si considera que existen indicios para tratar de sancionar al local por la vía penal se va a implicar en el proceso, en el que el Ayuntamiento actuará como acusación particular”, ha señalado Rita Maestre. Ya se han iniciado estas acciones contra dos locales y hay otros 12 establecimientos en el punto de mira.

Maestre ha aclarado que de lo que están hablando es “de auténticos entramados empresariales con gran capacidad para buscar los atajos de la administración. Lo que hacen estos locales es declararse insolventes cuando llega un proceso de sanción, por lo que no se les puede embargar los bienes” pero enseguida “vuelven a darse de alta con otros nombres” y siguen funcionando igual que antes, pero empieza el proceso administrativo de cero otra vez. Es en estos casos en los que el Consistorio actuará a través del delito de insolvencia punible. Consiste en “demostrar que no es cierta esa insolvencia que declaran sino que es solamente una treta administrativa”. Para ello serán necesarios informes de la agencia tributaria y de la policía para que determinen la veracidad de la insolvencia.

En cuanto a las infracciones más comunes, la portavoz municipal ha señalado que no se trata solo de la superación de los niveles de ruido, que dificultan el descanso de los vecinos, sino también “de problemas de seguridad por motivos de aforo“.

Aunque Maestre ha lamentado que “las vías judiciales tienen tiempos más largos de lo que nos gustaría”, el equipo del Palacio de Cibeles espera que la solución a estos problemas por la vía penal “sea más rápida que por la vía administrativa”.