Una ordenanza en favor de los empresarios permite desde 2014 abrir negocios de modo exprés a costa de los derechos de los vecinos. Las inspecciones tardan años en llegar y son ineficaces
Enrique Francés perdió la fe en la justicia el día que la discoteca ilegal que tiene debajo de su piso volvió a abrir sus puertas. Este vecino de 45 años de la manzana de Azca, en Madrid, tenía la esperanza de que el Lemon Club permaneciera cerrado tras ganar en noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una larga batalla para que fuera efectiva una orden de cese y clausura del Ayuntamiento. Pero el 12 de enero Francés sintió de nuevo el boom boom boom que impide conciliar el sueño a su familia.
Habían pasado casi cinco años con muchas noches sin dormir desde que el empresario de la noche José Luis Larraga abrió el negocio de copas y baile al que en un principio llamó Kiss Me. En abril de 2015 el Ayuntamiento ya le advirtió de que la discoteca era irregular por incumplir con la normativa medioambiental, pero no hubo cierre inmediato. Los inspectores del Ayuntamiento tardaron tres años y siete meses más en visitar la discoteca para constatar que el local estaba abierto sin permiso, una demora que según muchos expertos consultados no es extraordinaria en una ciudad donde apenas hay personal municipal para examinar las infracciones de los negocios.
Larraga cerró en diciembre el Lemon Club tras su derrota en el TSJ, pero de inmediato hizo planes para reabrir en enero. En redes sociales anunció el retorno con mensajes como “la cuenta atrás para volvernos a ver” y la “#newera2020”. Ante el Ayuntamiento presentó una nueva solicitud de apertura para Lemon Club a nombre de una sociedad distinta. Antes la titular era Nicojose S.L. y ahora New Nicojose S.L.
La solicitud es la conocida como declaración responsable, que autoriza al empresario a abrir un negocio sin necesidad de control previo. Es un sistema que ideó la Unión Europea para agilizar la burocracia y que fue adaptado por la ciudad de Madrid cuando gobernaba Ana Botella, en una ordenanza de 2014.
La policía volvió a Lemon Club el día de la reapertura y se marchó sin hacer nada.
Incrédulo, Francés pidió explicaciones a los funcionarios del Ayuntamiento, de la Agencia de Actividades (AdA). Vio en el Instagram del Lemon Club que el jueves 16 tenían una nueva fiesta.
“Supongo que mañana tendremos que ir a trabajar y al colegio durmiendo lo que podamos……”, les escribió ese día. “No puedo entender que nuevas declaraciones responsables, con posibles cambios de cif anulen una sentencia del TSJ del precinto”.
La secretaría de la gerente de la AdA le dio al día siguiente una respuesta kafkiana. No podían ejecutar el precinto porque sobre el papel se trata de un nuevo negocio: “En la actualidad la situación jurídica del local es diferente, toda vez que el título habilitante para el funcionamiento de la actividad es la declaración responsable número 500/2019/13745, por lo que no resulta posible realizar precinto alguno a la actividad. Saludos”.
Parece una tomadura de pelo pero el Lemon Club está amparado por el sistema de la declaración responsable, que supuso una revolución en el funcionamiento de las licencias para negocios. La idea era acabar con el control previo y depositar la confianza en el empresario para que no tuvieran que soportar largas y costosas esperas. Con la declaración responsable podrían abrir un negocio sin esperar la respuesta de los lentos burócratas. Iba a ser la solución también para acabar con los “guateques”, el pago a funcionarios municipales para que agilizaran trámites.
Esta reforma pro-empresa ha supuesto un alivio para muchos emprendedores que ya no tienen que pagar un alquiler del local a la espera del OK del Ayuntamiento. Pero mientras que en el caso de zapaterías, mercerías u otras tiendas minoristas no suele haber conflictos, las quejas son frecuentes contra empresarios de bares, restaurantes y discotecas por las molestias que causan los humos, olores o ruidos.
La reforma ha sido una pesadilla para muchos vecinos que se sienten indefensos, según varios abogados consultados. “Nos llegan vecinos desesperados porque ven cómo los propietarios de esos locales se salen con la suya”, dice María de los Reyes Rueda, abogada en Madrid y secretaria de la Asociación Española de Abogados Urbanistas.
Madrid, generosa con los bares
Cada Ayuntamiento ha establecido su propio abanico de actividades que pueden ser iniciadas con una declaración responsable. Madrid ha sido más generosa que otras al permitir que también los hosteleros puedan abrir un negocio por esta vía exprés, lo que era una demanda del gremio de los hosteleros madrileños. Otras como guarderías o consultas médicas quedaron fuera y deben someterse al control previo tradicional. Pero hoy los propios hosteleros se quejan de que la declaración responsable les ha perjudicado por la competencia desleal de negocios que se saltan las normas. Hoy piden una reforma pero no desean ser excluidos del sistema rápido.
En esa protesta les acompañan en una extraña alianza los vecinos del centro, que tantas veces han chocado con las asociaciones establecidas de hosteleros. “(El barrio de) Malasaña es la ciudad sin ley. Aquí no se cumple nada”, dice Jordi Gordon portavoz de la campaña vecinal SOS Malasaña, vecinos en peligro de extinción.
BacOn, un restaurante de comida de cerdo estilo fast food, le ha amargado la vida a José Luis Pérez, un vecino de la calle San Vicente Ferrer, en Malasaña. El local dice ofrecer “un producto ideal para consumir en las noches de fiesta para los jóvenes que quieren ponerse ON de una forma económica”. Usa como salida de humo la puerta interior a la corrala de vecinos. El olor a fritanga impregna el piso de Pérez. “Mi casa era mi refugio”, lamenta.
El sistema falla porque la reforma no fue acompañada de un refuerzo de las plantillas de inspectores. En el caso de Madrid esta labor recae en la subdirección de Disciplina Urbanística, que depende de la AdA. “La falta de inspección es un mal endémico de la administración española”, critica Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Pompeu Fabra. Betancor cree que la declaración responsable ha sido positiva pero advierte que la nueva cultura liberal no ha asumido la necesidad de perseguir a los infractores. “Si no se hace un ejercicio responsable de la libertad el castigo debe ser contundente”, dice Betancor.
Seis años después de la reforma el nuevo gobierno ha anunciado cambios. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, dijo hace dos semanas que prepara una reforma que “revolucionará el ámbito de las licencias. Fuentes, concejal de Ciudadanos en el Gobierno del PP y ese partido, ha dicho que busca entre otros objetivos revisar la disciplina y lograr más celeridad y eficacia ante actuaciones ilegales. La nueva ordenanza se encuentra en trámite de consulta pública previa. Su departamento no respondió a una consulta de este periódico sobre cuántos inspectores integran la subdirección de Disciplina Urbanística.
Las demoras eran largas con el gobierno de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y lo siguen siendo bajo José Luis Martínez-Almeida. Gorka Villanueva, que dirige el estudio de arquitectura especializado en licencias Madridlicencias.com, dice que sus clientes soportan largas esperas: “Llevamos esperando más de un año para que revisen un gimnasio y más de tres meses para una pequeña cafetería con terraza en el centro”.
Una portavoz de Fuentes asegura que desde que éste llegó al cargo en verano se han reducido los trámites. “Uno de los primeros objetivos que se ha marcado es el de dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, precisamente para contrarrestar la posibilidad que tiene el declarante de ejercer la actividad desde el momento de la presentación de la declaración responsable”, dice la portavoz. Con Fuentes, agrega, los plazos ya se ha reducido a un mes y medio, frente a los dos meses que se promediaban en 2017 y los casi cuatro meses en 2016.
Pero casos como el del Lemon Club demuestran que esa primera notificación a los empresarios no necesariamente les para los pies. Solo consiguen ese fin la visita de los inspectores y la orden de cierre, y esa fase sigue tardando mucho. Además, esas órdenes de cierre no sirven de nada si el Ayuntamiento sigue permitiendo que los empresarios las burlen presentando nuevas declaraciones responsables a nombre de otras sociedades o testaferros.
“¿Por qué nos pasa esto?”
Los vecinos afectados se sienten abandonados. En muchos casos sus quejas solo avanzan en Disciplina Urbanística a base de presión. Francés, el vecino de Azca, ha tenido que dejar entrar en su dormitorio de madrugada a policías municipales para que midan los decibelios del Lemon Club. “Se van y te echas a llorar cuando tu hijo pequeño sale del cuarto y te pregunta papá, ¿por qué nos pasa esto?”.
Lemon Club está en los bajos de un edificio de 17 plantas. Vecinos del piso décimo dicen sentir en sus dormitorios las vibraciones que emite el club, que no cierra hasta las seis de la mañana. Este viernes y sábado la discoteca con capacidad para 300 personas ha celebrado fiestas universitarias con concurso de solteros y copas toda la noche a dos euros.
El club sigue abierto a pesar de que desde 2015 ha acumulado diez expedientes de la policía municipal por infracciones graves o muy graves al exceder los límites de ruido, por un total de 49.001 euros. Los agentes detectaron en una ocasión que Lemon Club había trucado el limitador de decibelios del reproductor musical y un altavoz activo (autoamplificado) en la cabina del DJ, que hacía que se alcanzaran niveles sonoros superiores a 100 decibelios, equivalente al ruido de una perforadora eléctrica.
Aún así, los responsables de Lemon Club afirman en una entrevista que la sala ha sido multada “cero veces”.
El club es uno más de una decena de discotecas en la manzana de Azca, cercana al estadio Bernabéu, donde los vecinos han luchado desde los ’80 contra el ruido y la inseguridad. Pero mientras que otras discotecas llevan décadas funcionando, Lemon Club abrió después de que el 27 de enero de 2015 entrara en vigor una norma municipal contra el ruido que prohibía la implantación de nuevas discotecas.
“El Ayuntamiento declaró una zona ambientalmente protegida y pasó de todo, ni controló, ni ejecutó, ni nada”, dice el abogado que representa a los vecinos, Jorge Pinedo. “Se ha convertido en una mina para empresarios sin escrúpulos”. Tanto Lemon Club como la vecina discoteca Rococó están siendo investigadas por la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de hasta dos años.
Francés y sus vecinos dicen que están agotados por esta batalla. En la AdA a Francés le han explicado los funcionarios que un cierre de un negocio no es fácil porque “deben ser garantistas”, pero él les responde con otra pregunta: “¿Y las garantías para el ciudadano dónde están?”.
