No, en Valencia, la «tolerancia cero» con el ruido es una quimera, un eslogan vacío que choca con la realidad de nuestras calles. Si hiciéramos un estudio comparativo, me atrevería a afirmar que los valencianos somos los más tolerantes con el ruido de toda la geografía española. Esta condición no es gratuita: está inscrita en nuestro ADN cultural. Somos hijos del fuego y el estallido; nos enorgullecen las mascletaes que congregan a multitudes en Fallas. En ese contexto, el ruido se eleva a la categoría de arte gracias a la maestría de los pirotécnicos. Sin embargo, este orgullo local no debe seguir sirviendo de excusa para normalizar ruidos que, bajo cualquier prisma legal, son notoriamente intolerables.
El problema reside en la peligrosa metamorfosis de lo excepcional en cotidiano. Me refiero a ese sector del ocio nocturno que se cree dueño de la vía pública o los espacios y recintos públicos de los que se le permite lucrarse, resultando llamativo que las Administraciones Públicas que se han erigido en guardianes de dichas vías públicas y del medioambiente, si se dediquen a perseguirnos a los pagadores de impuestos y, por tanto, dueños de dichos espacios públicos, con toda clase de multas, limitaciones de velocidad demenciales y zonas de bajas emisiones de CO2, pero en contraste con dicha persecución implacable, cuando el ruido del ocio nocturno campa a sus anchas en la misma vía pública, dichos guardianes ni están ni se les espera, precisamente cuando dichos ruidos sí deberían hallarse bajo una lupa inspectora constante. Y como la Administración se inhibe de sus competencias en materia de ruidos y contaminación acústica, esos ruidos se introducen en el hogar sin nuestro consentimiento, impidiendo nuestro derecho fundamental a la privacidad e intimidad domiciliaria.
Las Administraciones han de tomar conciencia de que esos ruidos son una agresión a la frontera sagrada de nuestra vida privada. La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Valencia, la Ley Autonómica 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica y la Ley Estatal 37/2003 del Ruido, establecen límites nocturnos de 30 decibelios en dormitorios con ventanas cerradas y 45 decibelios con ventanas abiertas, límites sobrepasados en zonas urbanas residenciales que se consiente que sean transformadas en zonas de terrazas y ocio nocturno. La pasividad e inacción administrativa, infringe estas normas y vulnera la Constitución que en su artículo 18 establece la inviolabilidad domiciliaria de forma categórica, tal como dice la jurisprudencia cuando obliga a indemnizar vecinos por promedios de hasta 80 decibelios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso Moreno Gómez contra España), el Supremo y otros Tribunales han reafirmado que el ocio no debe prevalecer sobre el derecho al descanso y a la privacidad del domicilio.
En 2001, un grupo de abogados de toda España nos reunimos con una convicción: el ruido era un maltrato acústico, una forma de violencia legalmente desatendida. Así fundamos la Asociación de Juristas contra el Ruido. Con la misión de combatir jurídicamente en toda España esos excesos acústicos que no respetaran la inviolabilidad del domicilio consagrada en la Constitución. Entonces prácticamente no había ninguna Ley contra el ruido o contaminación acústica, pero la Constitución nos bastaba y sobraba para armar la defensa de un derecho, que es base del bienestar humano.
Nuestra Asociación ha celebrado ya el 25 aniversario de su fundación y, en Valencia, las consultas que se siguen atendiendo a través de la misma, siguen arrojando el mismo diagnóstico y conclusión agridulce: los valencianos mantenemos nuestra resiliencia acústica, pero hemos trazado una línea roja infranqueable en la salud y el necesario descanso nocturno en nuestras viviendas privadas. El conflicto no es con las fiestas tradicionales, sino con unas Administraciones Públicas que, aunque en este cuarto de siglo han publicado mucha normativa, en la práctica, no la aplican con eficacia y, por tanto, toleran en general su incumplimiento y fomentan con su desidia la proliferación de cada vez más abusos o ruidos absolutamente inadmisibles que ya no pueden etiquetarse de «meras molestias puntuales», sino que constituyen un verdadero problema de salud para las personas, incrementando los cuadros de ansiedad, insomnio y estrés crónico.
Es cierto que el carácter valenciano es sufrido y alegre. No nos quedamos «catastrofizando» ni abandonamos el escenario como hizo el músico Morrissey el pasado 13 de marzo, quien suspendió su concierto en Valencia abrumado por el estruendo de las verbenas y discómoviles falleras. Tenemos más aguante, sí, pero eso no significa que estemos dispuestos a consentir que la propia Administración subvencione, directa o indirectamente, la vulneración de nuestra intimidad. El límite ha quedado marcado por la jurisprudencia reciente, como se desprende de la Sentencia de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La justicia está empezando a recordar a los gobernantes que su deber no es alimentar el ruido, sino proteger el silencio de quienes, al llegar a casa, solo piden que se respete su derecho a existir sin interferencias.
ANDRÉS MOREY NAVARRO
Asociación Juristas contra el Ruido
