Obliga al dueño a impedir a sus clientes sacar bebida a la calle o no evitará el cierre. A raíz del auto judicial, los vecinos han dejado de sufrir los ruidos y altercados.

El después de la calle,tras el auto judicial emitido por el juez. :: EL PERIÓDICO

Lo que no ha conseguido el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha logrado el magistrado Javier Albar, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, que a través de un auto judicial ha acabado con los problemas de convivencia que causaba un pub en la zona del Rollo de la capital aragonesa. Su resolución establece una contracautelar que obliga a los dueños del establecimiento, La Enagua –en la calle Maestro Marquina–, a impedir a sus clientes sacar bebidas alcoholicas a la calle, que es lo que los vecinos venían denunciando desde hace meses, provocando que acabaran haciendo botellón en la vía pública y los consiguientes altercados y afecciones a portales y vehículos estacionados. Y se hizo la paz en esta calle.

El magistrado considera «evidente, según se desprende de los vídeos aportados por la codemandada –la Asociación de Vecinos de La Huerva–, que la salida con bebidas al exterior es sistemática». «No se trata de que alguien salga de vez en cuando, sino que se ve que muchos salen con las bebidas llenas, y que lo hacen en grupos, sin que haya el más mínimo impedimento», explica en su auto. Y reafirma: «no se trata de alguien aislado que lo hace más o menos clandestinamente, y parece claro que la titular es consciente de ello, como se desprende del hecho de que solo hay vasos de plástico y latas».

Con esta observación, a su juicio, este sí sería «indicio» de que, como denunciaba la asociación, esta pueda considerarse una forma de «ampliar el aforo», ya que la capacidad de en torno a un centenar de personas en el interior del local, se convertían «en 300 o 400» en la calle, afirmaban los vecinos. Por ello, concluye el juez Albar que procede imponer esta «contracautela» al establecimiento, que consiste en que «deberá impedirse a los clientes salir al exterior con las bebidas y, en caso de que se vuelvan a producir aglomeraciones con clientes que tengan sus bebidas en el exterior, y así se constate por la Policía Local con las pruebas gráficas correspondientes, que podrá aportar la codemandada –los vecinos–, aquella lo deberá poner en conocimiento del juzgado que, si así se constata, dejará sin efecto la suspensión».

Se refiere el juez a la suspensión ordenada contra la orden del ayuntamiento de dejar sin efecto la declaración responsable presentada al consistorio que, en base a la normativa municipal, le permitía abrir al público. Una medida que el juez suspendió de forma cautelar a petición de los dueños de La Enagua, y solo días después de que se decretara en el Consejo de Gerencia de Urbanismo. El auto le da a los particulares 15 días para recurrirlo, así como al consistorio, al que le recuerda que la fórmula escogida, no es la correcta.

Mientras, los vecinos de La Huerva, al que el juez les reconoce que es «comprensible» su «irritación» respiran aliviados, aseguran, hasta que haya sentencia «en enero o febrero del 2019»