Los afectados de Joaquín Costa aseguran que «no se ha hecho nada» para abordar su problema y no se sorprenden del recurso municipal
Los vecinos de la calle Joaquín Costa, en la zona Puerto de la capital grancanaria, están barajando la posibilidad de denunciar por la vía penal a los responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la inacción municipal ante los ruidos que padecen de la actividad del ocio y la restauración.
«Estamos explorando la posibilidad de la jurisdicción penal, como se ha hecho en algún lugar de la Península, porque aquí la inacción (de la administración) es total», expuso el portavoz de la plataforma vecinal que ha denunciado las molestias que les genera el ruido, Alberto Álamo.
La presidenta de la asociación nacional Juristas contra el Ruido, Yomara García, considera que la vía penal es viable en este tipo de situaciones y apuntó que para ello es importante «que los vecinos realicen mediciones».
Apuntó que el Código Penal contempla la figura del delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica con riesgo para la salud de las personas, en concurso con el delito de lesiones; también refirió el artículo referido al delito continuado de prevaricación medioambiental.
La abogada recordó que en Cáceres una exalcaldesa, un exconcejal y varios responsables de locales de ocio fueron condenados a prisión por los ruidos continuados en un barrio.
Los vecinos de la zona Puerto de la capital grancanaria insisten en que «a día de hoy, no ha cambiado nada» y no se muestran sorprendidos del recurso que ha presentado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo condenó por inacción en el caso de los ruidos e impuso una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los afectados.
«El recurso solo consigue eterninzar esto en el tiempo», prosiguió el portavoz de la plataforma vecinal, «en un año, el alcalde ya no estará y le dejará este problema al que venga».
La presidenta de la asociación nacional Juristas contra el Ruido considera que «la interposición del recurso municipal, legítimo en un Estado de Derecho, sin embargo supone una tortura para los vecinos».
Respecto a la defensa que hace el letrado municipal de la actuación del Ayuntamiento en la zona -con multas o la confección de un mapa de ruidos-, Yomara García recordó que ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que los expedientes sancionadores o las mediciones de ruido, por sí mismas, no se consideran una acción suficiente por parte de los municipios para solventar los problemas de contaminación acústica.
En este sentido, recordó que cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habla de los esfuerzos que hace en los controles de la doble puerta de los locales o de los limitadores, «esto no sirve para las terrazas porque en este caso se trata de un ruido aéreo que se transmite a las viviendas».
En su opinión, en el caso de las terrazas habría que incidir más en el control de aforos, distancia a las fachadas y control de horarios de funcionamiento.
Error insultante, según el PP
Por su parte, el PP, por medio de su viceportavoz, Ángel Sabroso, interpretó el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del TSJC como un «error insultante contra los vecinos y el sentido común». El edil indicó que «el PSOE comete un error insultante con la presentación de este recurso. El mensaje que lanzan los socialistas es demoledor: no sólo no protegen los derechos de los vecinos, les obligan a ir a la justicia para que alguien defienda su derecho al descanso, sino que cuando la justicia da la razón a los vecinos hasta en dos ocasiones consecutivas, utilizan los recursos públicos, los propios impuestos de los vecinos afectados, para combatir y alargar una agonía judicial sin solventar los problemas de ruidos que no les dejan descansar».
En una nota de prensa, el PP recuerda que a pesar de que el alcalde socialista había anunciado que cumplirían la sentencia e indemnizarían a los vecinos, ahora se conoce que el PSOE ha recurrido la sentencia al Supremo. Y es que desde el año 2019, los vecinos residentes en las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme que denunciaban ante el Ayuntamiento los graves problemas de convivencia y descanso vecinal, cansados de ver que nada se hacía, emprendieron un periplo judicial que les ha supuesto un enorme esfuerzo en forma de tiempo y dinero propio y que les ha dado la razón hasta en dos ocasiones consecutivas (Primera Instancia y TSJC), sentencias que el PSOE ha decidido recurrir en Casación ante el Tribunal Supremo
y seguir sin aceptar que hay un serio problema que solventar, ponerse al lado de los afectados y propiciar la convivencia entre residentes y actividades de ocio.
«Que los vecinos tengan que pagarse sus propias mediciones de ruido porque el Ayuntamiento no tenía ni personal, ni sonómetros que realizara esa labor, que hayan tenido que denunciar judicialmente inacción ante un problema evidente, que hayan visto como hechos probados en las dos sentencias ganadas, como los índices de ruido medidos, hayan sido cuestionados por los propios responsables municipales que deberían protegerles y asistan ahora a un nuevo recurso de su propio Ayuntamiento contra ellos, atenta al mínimo sentido común», lamentan los populares.
